La iniciativa de la Diputada Mónica Peralta, pretende retomar el debate por la deuda que el estado nacional tiene con la provincia de Santa Fe producto de la retención indebida en concepto de coparticipación.

“El gobierno de Alberto Fernandez acaba de arreglar el pago de la deuda por coparticipación con la provincia de San Luis, sin embargo, no existen novedades sobre como pagarán la deuda que tienen con la provcnia de Santa Fe a pesar de ser gobernador y el presidente, del mismo partido político”, indicó Peralta,  quien ingresó un proyecto en la Cámara baja santafesina donde le solicitó al ejecutivo provincial que informe cuales son las acciones que esta llevando a cabo ante el gobierno nacional para establecer un plan de pago de la deuda.

Esta semana, nación cerró un acuerdo con San Luis para saldar la deuda por coparticipación que tiene con la provicnia cuyana. La misma, asciende a 26 mil millones de pesos y se pagará con “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,30% Vencimiento 20 de septiembre de 2022”, según indica el Boletín Oficial.

En ese sentido, la legisladora expresó: “el gobierno provincial debe dar respuestas sobre el pago de la deuda, lo de San Luis marca un precedente importante que debe necesariamente replicarse con Santa Fe, más aun en este contexto de pandemia donde esos ingresos serían muy necesario para cubrir distintos frentes de acción”.  

Asimismo, la diputada remarcó: “son en carácter de deuda e interés 140 mil millones de pesos con los que se podría ayudar a reactivar los distintos sectores afectados históricamente y aún más en pandemia, incrementar políticas sociales y mejorar la educación y seguridad pública; todos temas de vital importancia para las santafesinas y santafesinos”.

Y agregó: “En momentos en que, desde el gobierno de Alberto Fernández se insiste en enaltecer el federalismo como concepto político y de gestión del Estado, y la importancia de respetar las instituciones y la República; resulta evidente la distancia entre el decir y el hacer, al no pronunciarse sobre el pago de la deuda de coparticipación; atentando contra el federalismo fiscal y el respeto republicano”.

Por último, Peralta cuestionó al gobierno de Omar Perotti por la falta de centralidad del tema en la agenda común con Alberto Fernández y expresó:  “Necesitamos más política tendiente a fabricar puentes, destrabar los pagos y actualizar adecuadamente la deuda, es el mejor ejemplo de institucionalidad y federalismo que pueden darle a la sociedad”

Miles de millones y una historia sin fin

Desde el dictado del Decreto 1399, Santa Fe sufrió la sustracción del 15 por ciento de su masa tributaria de coparticipación nacional producto de la decisión unilateral del Estado Nacional de destinar los fondos al financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El reclamo por la deuda comenzó hace más de una década en la gobernación de Hermes Binner quien le pidió la intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional tales retenciones, frene la sustracción y proceda a devolver los montos indebidamente sustraídos. Y el reclamo continuó con las gestiones de los dos gobernadores siguientes.

La deuda de Nación con Santa Fe es perjudicial y discriminatoria para los santafesinos y las santafesinas y, en ese sentido, se expidió la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación el 24 de noviembre de 2015 dictando el fallo CSJ 539/2009 (45-S)/Csl que condena al Estado Nacional a pagar a la Provincia de Santa Fe la suma que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en virtud del decreto 1399/2001, con más los intereses según la legislación que resulte aplicable. 

También dispone “condenar al Estado Nacional a pagar a la Provincia de Santa Fe, con los alcances establecidos en el presente pronunciamiento, la suma que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en virtud del decreto 1399/2001, con más los intereses según la legislación que resulte aplicable”. Y, a fin de hacer efectiva la condena, define que, “una vez determinado el monto, se fijará un plazo de ciento veinte días para que las partes acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas, bajo apercibimiento de determinarlo la Corte en la etapa de ejecución de la sentencia”.  

Sin embargo, la deuda aún sigue impaga.