En 2005 impulsé la Reforma del Código Procesal Penal.

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En 2005, en mi primer mandato como diputada provincial, fui la impulsora de un debate cardinal en Santa Fe: la reforma del Código Procesal Penal, que ponía sobre la mesa un tema que por entonces no era prioritario en la agenda. Presenté un proyecto sobre cómo debía ser la forma de impartir justicia en Santa Fe, el cual marcaría un antes y un después.

Existía la necesidad imperiosa de abrir un debate público en torno a la forma de impartir justicia en el territorio provincial ya que, la administración vigente por entonces, ponía en peligro muchas de las causas ingresadas que prescribirían con el consecuente mensaje de impunidad que se enviaba a toda la sociedad. 

En esos años, Santa Fe era la única provincia del país en materia penal con juicio escrito y el único Estado en Latinoamérica en esas mismas condiciones. Mi proyecto ponía el acento en la necesidad de modificar el modelo vigente que, en ese momento, acentuaba la concentración del poder.

El proyecto puso sobre la mesa una urgencia: la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para instalar, entre otras medidas, la obligatoriedad del juicio oral en el marco de las jornadas sobre la reforma al sistema de administración de la justicia penal en Santa Fe.

A través de mi trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, me convertí en una de las impulsoras de un ciclo de reuniones y conferencias amplias y heterogéneas para el debate de las y los actores intervinientes: desde el Colegio de Magistrados, Funcionarios del Poder Judicial y la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe hasta funcionarios del gobierno nacional, magistrados santafesinos, cordobeses, bonaerenses y chilenos, legisladores y docentes, entre otros.

Luego de la convocatoria y las conclusiones del encuentro no parecía haber vuelta atrás. Las posturas prácticamente unánimes exponían la necesidad de avanzar en la reforma.

El objetivo era poner la discusión política y social en el centro de la escena, llevarla al recinto de la Cámara para que no quede reservada únicamente a los juristas. La sociedad debía entender qué significa y para qué se utiliza el Código Penal. Desde mi función de legisladora busqué llegar a cada ciudadana y ciudadano quienes serían las y los beneficiarios de aquella implementación.

Creo profundamente que no existen reformas jurídicas, políticas, ni estatales posibles, si no se produce un cambio social y cultural de fondo. Es necesario reformar las instituciones públicas y convertir a nuestras ciudadanas y ciudadanos en activos protagonistas. No habrá cambios verdaderos en ningún orden institucional si ellas y ellos no saben cómo van a afectar esos cambios en su vida cotidiana, si no sabemos cuáles son las responsabilidades que debemos afrontar para que se consoliden.

Con la aprobación del proyecto de ley, se logró el desafío histórico de transformar profundamente el sistema de enjuiciamiento en materia penal en Santa Fe. De esta manera, la Justicia santafesina se puso a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, y respondió a las demandas de la población de una justicia más cercana, ágil y eficiente. 

El nuevo sistema 

Desde el 10 de febrero de 2014, se reemplazó al expediente por audiencias orales y públicas en las que las partes exponen sus puntos de vista en forma transparente. Así, el conflicto humano entre víctima y acusado recobró visibilidad. Y la víctima, la gran olvidada en el sistema anterior, pasó a ocupar el centro de la escena, con más derechos, asistencia, contención y una nueva participación activa en el proceso.

El nuevo modelo facilitó el acceso a la Justicia a toda la ciudadanía, en especial a los sectores más vulnerables, asegurando el principio de igualdad ante la ley. La modificación fue integral e implicó un profundo cambio cultural contribuyendo a una mayor calidad institucional porque tiene la transparencia y la publicidad propia de los actos de gobierno en un sistema republicano.

Hoy día los números de esclarecimiento de delitos que arrojan las estadísticas publicadas tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio Público de la Acusación – donde hemos pasado de tener apenas un 5 % con el viejo sistema a más del 60 % después de la reforma -, es un dato objetivo de la realidad que demuestra, por sí solo, la trascendencia que tuvo el proyecto que impulsé para concretar esa transformación en la historia de la provincia.

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