La diputada provincial Mónica Peralta presentó un proyecto donde solicita al gobierno de la provincia de Santa Fe ratifique ante su par de Entre Ríos la información brindada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (Senasa), que indica que el gobierno entrerriano figura como titular de 76 establecimientos agropecuarios en las islas, dentro de los cuales se encontrarían registradas más de 500 unidades productivas vinculadas a la ganadería.

El ecocidio al que ha llegado la región Delta del Paraná, tiene aún, magnitudes no conocidas en su totalidad. Frente a los reiterados incendios intencionales en las islas que crecieron exponencialmente desde comienzos de 2020, se pone en peligro la conservación de los humedales que poseen funciones ecosístemicas indispensables para nuestra supervivencia y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones y sequías, la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del agua a través de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva de agua. Cabe aclarar que según la clasificación que realiza el Senasa, “un establecimiento es la unidad territorial donde se desarrolla la actividad productiva. En tanto que una unidad productiva refiere a los distintos titulares que poseen diferentes actividades agrícola-ganaderas dentro del mismo establecimiento. Cada una de ellas se identifica por un número de Renspa, sigla correspondiente al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

“En el plano político existen mecanismos que permiten impulsar acuerdos interprovinciales para brindar respuestas a esta problemática que venimos sufriendo. Algunas herramientas están vigentes y no se están poniendo en práctica” – sostuvo la diputada y agregó –  “La reactivación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) ajustado a un cronograma de acción estratégico que lleve adelante los diálogos que permitan alcanzar los acuerdos políticos necesarios con las autoridades de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y de Nación, es un ejemplo de acción proactiva en favor de la ciudadanía que espera medidas concretas de su dirigencia hasta tanto se apruebe la ley de humedales que ya viene perdiendo estado parlamentario desde hace una década”.

El proyecto de la diputada Peralta, aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia Santa Fe, solicita también que de confirmarse la titularidad del gobierno de la provincia de Entre Ríos de 76 establecimientos (que suman una superficie de 83.925 hectáreas) se informe sobre los daños a la salud de la población y degradación del patrimonio natural vinculado a la explotación de las unidades productivas relacionadas a la ganadería. 

Por su parte el Senasa, responsable de ejecutar las políticas en materia de sanidad y calidad animal, habría indicado que los establecimientos inscriptos en ese organismo para esa región dentro de la zona de islas correspondiente a Victoria existen 356 sitios registrados, que suman 387.094 hectáreas.

La provincia de Santa Fe tiene jurisdicción sobre aproximadamente el 8 por ciento del humedal que se está incendiando hace años ante la mirada contemplativa de quienes deben ocuparse del tema pero, paralelamente, sobre nuestro territorio recae más del 90 por ciento de la incidencia de lo que pasa allí.

También el acuerdo de Escazú, que está vigente en Argentina, es una de las tantas normas de derecho internacional que se vulneran en el Delta del Paraná. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen el derecho a la vida y el deber de los Estados de proteger, preservar y mejorar el ambiente, son acuerdos internacionales con rango constitucional que pueden fundamentar tal intervención del Estado santafesino en esta denuncia.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe, así como hicieron otros poderes del Estado, representantes de municipios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, tiene las herramientas para accionar contra el gobierno de Entre Ríos y, más específicamente, del municipio de Victoria, por la manifiesta inacción que viene teniendo frente a los incendios y la depredación de los bienes comunes que incluye el desvío de cursos de agua, el desmonte, la construcción de terraplenes, el ingreso de maquinaria pesada, los movimientos de tierra, las construcciones irregulares, los desarrollos inmobiliarios, la siembra de granos, la ganadería con alta carga de animales, la sobrepesca, entre otras formas de explotación del ambiente”, sentenció Peralta.

Cabe mencionar que en medio de una situación de incremento en los desmanejos de los recursos naturales que crecieron desde finales de junio de este año en el Delta del Paraná y que no han tenido coto en los últimos años, Mónica Peralta viajó a Buenos Aires este martes pasado para realizar una presentación ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para que de manera urgente el ministro Juan Cabandié active el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná.

El documento elaborado en la jornada “Legisladores x los Humedales”, organizada por Peralta el pasado 5 de julio en Rosario, cuenta con la firma y el apoyo de diputadas/os y senadoras/es provinciales y nacionales de distintos espacios políticos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; también de intendentes, Concejo Municipal de Rosario, organizaciones ambientalistas y de la Universidad Nacional de Rosario.

“Vamos a seguir insistiendo en las responsabilidades que tiene el presidente Alberto Fernández, el ministro Cabandié, y los tres gobernadores en accionar el Plan PIECAS, porque en los últimos años la desidia es política”, puntualizó Peralta.

También, la diputada durante este miércoles, llevó adelante reuniones con congresistas de la comisión de ambiente, Margarita Stolbizer y María Rosa Martínez.  

Por último, Peralta volvió a remarcar la situación que se vive en relación al humo producto de las quemas intencionales y concluyó: “ El ecocidio es sin precedentes, la afectación diaria a la salud respiratoria  de toda la ciudadanía, es inconcebible, no podemos respirar hace semanas enteras no hay respuestas de las autoridades de las provincias y de la nación ”.